Vender nuestros espacios protegidos, una manera de protegerlos
- José Ramón Arévalo
- febrero 19, 2013
- General, Opinión
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Anda revuelto el río del ecologismo como consecuencia de una propuesta que nos viene de Castilla La Mancha de vender fincas de patrimonio público, una serie de montes de utilidad pública que tenían como uso habitual el de coto de caza y posiblemente algún que otro uso recreativo. Ciertamente, habían quedado fuera de la ola privatizadora que invade el Sur de Europa, una ola privatizadora en respuesta a la ola intervencionista que han padecido estos países en las últimas décadas y que ha lastrado su desarrollo y posibilidad de adaptarse a tiempos de cambios.
Ilustres colegios de ingenieros y otras agrupaciones profesionales hacen crítica de este hecho comparándolo con la desamortización del siglo XIX (que curioso que usen el clero como defensa de sus ideas) en la cual el impacto recaudador fue mínimo, y los montes pasaron a manos de nobles y burgueses que pudieron pagarlos.
Comparar nuestro país actual con el del XIX no tiene ningún sentido, la conservación era algo que no existía en esos tiempos y la supervivencia marcaba la hoja de ruta de la mayoría de los ciudadanos de aquella España. Por otro lado, tenerle manía a lo privado tampoco parece una buena justificación para ponernos en contra, décadas de conservación pública no han evitado catástrofes ecológicas de distinto tipo, ni el furtivismo, ni extinciones de muchas especies, ni el expolio de nuestros recursos naturales. Considerar como fracasos las desamortizaciones del siglo XIX no dejan de ser un atavismo intelectual.
Si somos capaces de darle a esos recursos naturales el valor que tienen en un mercado, venderlos será una forma de conservarlos. Una valoración real, a través de lo que consideramos servicios ecosistémicos que estos espacios proveen al entorno; valorando su diversidad, valorando los usos recreativos, valorando el paisaje… Es cierto que no todos los espacios tienen el mismo valor, y que en algunos casos los propios dueños realizarán algunas actividades que quizás no son compatibles con la conservación, pero si no son valiosos desde el punto de vista de la conservación ¿por qué gastar miles de euros en conservar algo a lo que nadie da valor? ¿No sería mejor invertir esos fondos en otras actividades más productivas? Por otro lado no se dejen engañar, nuestra sociedad está tan intervenida que pensar que alguien puede hacer lo que desee en un espacio de su propiedad no es más que una entelequia;la actual diarrea normativa con la que nos castigan casi a diario, condicionaría lo que los propietarios pudiesen realizar en todo momento, en función de los funcionarios que así lo han decidido. Si una especie es una riqueza biológica, quién creen ustedes que la conservará mejor ¿su dueño? O ¿una administración que puede meterla y sacarla de un catálogo de especies protegidas a su antojo?
La situación del elefante en Zimbabue, cercano a su extinción en la década de los 80, dio lugar a un curioso experimento del gobierno marxista de aquella época, vendiendo las pocas manadas de elefantes que quedaban con sus elefantitos incluidos. Podían optar a aquella venta los comerciantes de marfil si querían, sin embargo ¿quiénes fueron los compradores? Cazadores, entre los más interesados, empresas relacionadas con el turismo recreativo, miembros de pueblos que los consideraban un activo en su zona y finalmente, también los comerciantes de marfil. Todos ellos tenían un interés común: conservar el elefante, elemento clave de su forma de vida y evitar con su dinero la extinción del mismo. Hoy en día, en años concretos se ha producido tal aumento de la población de elefantes de algunas zonas, que las autoridades se han visto obligadas a realizar batidas para disminuir las poblaciones. La ecología de mercado ha invertido el problema, pasando de la casi extinción de una especie a su sobrepoblación, pero comprenderán que este último es más llevadero y controlable. A nadie se le pasa por la cabeza que las gallinas se extingan, pero el oso pardo del Cantábrico tiene muchas papeletas para acabar en la historia natural del norte penínsular.
Las fincas públicas que se quieren vender pueden ser el comienzo de algo que hoy consideramos impensable, como hace unos años pensábamos que era imposible vender empresas públicas de telefonía, compañías aéreas nacionales de bandera o el sistema de distribución de red eléctrica, dándonos cuenta de que el monopolio solo existe cuando una intervención administrativa lo protege (y además se ríen de nosotros diciendo que es en nuestro beneficio). Hoy son las fincas, mañana algunos espacios protegidos, y en un futuro que no creo lejano, las joyas de la corona, que son los parques nacionales, hoy en manos de administraciones locales y bajo un régimen de monopolio. El interés por la conservación está hoy implantado en el público en general, podemos incentivar la aparición de nuestro Nature Conservancy nacional, una institución privada que compra fincas para conservarlas y las gestiona con fondos privados y voluntarios a lo largo de USA y Latinoamérica. Ningún espacio natural federal americano está mejor gestionado que los del Nature Conservancy ¿Seguiremos esperando a que nuestros políticos salven el medio ambiente? ¿A que jueguen a sacar y meter especies de catálogos protegidos, crear espacios aquí o allá, regular o desregular suelo? ¿Seguiremos creyendo que el intervencionismo nos salvará? Y sobre todo ¿cuándo creeremos en las personas y en nosotros mismos?
*José Ramón Arévalo, profesor de Ecología de la ULL, desarrolla su investigación sobre el impacto del fuego, la ganadería extensiva y las especies exóticas en la conservación de los procesos ecológicos esenciales de las comunidades vegetales, publicando sus resultados conjuntamente con grupos de la Universidad de California, Universidad de Siena, Universidad Autónoma Antonio Narro, Universidad de las Ciencias Aplicadas de Magdeburgo y Universidad Estatal de Oklahoma. En la actualidad dirige un proyecto sobre quemas prescritas en la Isla de Gran Canaria conjuntamente con investigadores del Centro Tecnológico Forestal de Cataluña.
Tengo que admitir que me han salido ronchas… Pero lo que plantea el artículo es bien cierto; no se puede confiar en la clase política para la conservación del territorio. Pero claro, conociendo como conocemos la forma de hacer de España, lo predecible es que esas fincas se vendan con prevaricación, a alguien con una oferta doble (por encima y por debajo de la mesa) y que tenga de entrada unos fines especulativos de la peor calaña. No creo que sea miedo conspiranoide, es nuestra cultura política, hasta ahora. Es decir, no se abriría a la competencia libre, se vendería a la misma élite financiera que se salta la mayoría de reglas de respeto ecológico en diversos sectores.
Finalmente, me parecería bien vender esos terrenos siempre y cuando se vayan a preservar o a explotar con un proyecto empresarial con valores medioambientales. Si no, no, que ya vamos faltos de territorio sin urbanizar, sobre todo aquí.
Todo esto me recuerda al caso del Campo de Tiro de Fuerteventura, un territorio que es propiedad de Ejército español. Yo soy antimilitarista, por lo que, de fondo, estoy en desacuerdo con que haya un campo de entrenamiento para la guerra en mi isla (y particularmente de las maniobras con sónares que matan a multitud de cetáceos en nuestras costas). Sin embargo, y esto lo sabemos muchos majoreros, la existencia del campo de tiro es lo que ha conservado virgen una gran parte del litoral de la isla. Los habitantes de la isla, en verano, cuando no había maniobras, podíamos disfrutar de esta costa, en una suerte de “alegalidad”. ¿Y qué ha ocurrido? Que una parte de la ciudadanía y, lo que me parece más sospechoso, partidos políticos, han reclamado que desaparezca el campo de tiro. Resultado: ahora no se puede entrar en ninguna época del año. Conociendo a la clase política de la isla, prefiero que ese territorio esté en manos del ejército, porque si no los hoteles de 25 plantas y los apartamentos horrorosos llegarían hasta la arena. Pero finalmente, las personas nos quedamos fuera…
Sinceramente, cada vez creo más en que hay que superar esa dicotomía entre fórmulas de gestión privadas o públicas que según qué espacios de pensamiento también acaban siendo entre intervencionismo o liberalización.
Yo creo que nos desvían de la base del problema, que está en si las cosas se hacen con valores o sin valores éticos. Si realmente nos benefician a todos o no. Si al final una fórmula privada va a ser más eficaz en llegar a una gestión de nuestros ecosistemas más beneficiosa para la sociedad, léase Nature Conservancy, bienvenida sea.
Pero no creo que pueda ser por que abandera su carácter privado, sino porque habrá personas que la dirigen o la gestionan, que son integras con unos valores que velan por el bien de todos. Y eso podría pasar también en un organismo público, o hasta dentro de un partido político.
“Institucionalizar” las responsabilidades de como funcionan las cosas, es decir, esto es porque es una institución pública, o privada, nos aleja, desde mi punto de vista, del foco de que somos nosotros, las personas, las que damos vida a esas instituciones. Y son nuestras decisiones, actitudes, valores e integridades dentro de las mismas las que hacen que vayan en una u otra dirección.
Desde ahí, creo que podemos construir situaciones más justas, más sostenibles y más respetuosas con nuestro medio ambiente. Si luego tiene forma de sociedad limitada, ONG, empresa pública, administración o asociación, creo que es puramente anecdótico.
Hasta ahora el modelo era que lo que se manejaba de forma pública servía el bien común. El rescate a la banca, los millones de Bárcenas en Suiza o la fiesta de los EREs, (añade aquí tu largo etcétera)…, evidencian que no es el caso.
Algo tendremos que hacer y creo que empieza por pensar diferente.
José Ramón, gracias por invitar a ello.
En eso tienes razón, público o privado, al final todo va a depender de las personales responsables de ello… La idea de la columna es poner de manifiesto que hay otras opciones aparte de las públicas en la gestión de espacios protegidos. Lamentablemente en la gestión pública el problema es que dependeremos de unos políticos, que cambian cada cuatro años, con intereses contrapuestos… Ciertamente, preferiría mil veces que alguna organización tipo PROFOR comprara el parque Nacional del Teide y le quitará de encima las manos de nuestros ilustres gestores políticos…