En rojo: países no firmantes; en negro: países firmantes. / IPV

Todos los bits deben ser iguales ante la ley. Esta es la premisa básica en la que se sustentan los cimientos y neutralidad de Internet, el tratamiento igualitario que recibe el tráfico de datos, independientemente de su contenido, servicio, dispositivo e incluso ubicación del emisor y receptor. Al margen de la calidad de la banda ancha, todo cibernauta tiene derecho a acceder a estos sin ningún tipo de restricción o penalización por parte de proveedores o gobiernos, empresas y administraciones.

Pero siendo realistas, Internet no es libre (y quizá nunca lo sea), y ejemplo de ello lo encontramos en la controvertida Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales (WCIT), celebrada el pasado mes de diciembre en Dubai, y que acogió a representantes de los gobiernos de todo el globo -entre los invitados no faltaron países censores-. El objetivo era redefinir, y cito textualmente su presentación, “el entorno regulatorio internacional de las telecomunicaciones del siglo XXI y más allá, lo que tendría un impacto sobre cómo la gente de todo el mundo podría usar Internet”. Precisamente, el incómodo asunto de la neutralidad dividió claramente a los que firmaron los cambios (normas de calidad, fórmulas para tarifar servicios, restricciones de contenido, entre otros) de la última modificación del Tratado de Telecomunicaciones celebrada en Melbourne en 1988, de los que no.

Estas discrepancias tienen un denominador común: los intereses políticos frente a los económicos. China firmó con el objetivo de legalizar la inspección de paquetes, mientras que la negativa de EE.UU. y Europa responde a la necesidad de proteger a gigantes económicos, tales como Google y Facebook, de restricciones futuras. Ante este difuso panorama, países como Holanda y Chile han convenido proteger al usuario y garantizar por ley una red segura, abierta y neutra. Ya en nuestro país, hace dos años se rechazó una moción del PP, motivada por el obtuso interés de proteger la propiedad intelectual. Soy consciente de que se requiere un marco legal internacional, pero, si este atenta contra la neutralidad de la red, es preferible el statu quo.